Índice

Introducción

En el mes de Septiembre del año 2021, la Dirección Nacional de Población propuso una serie de criterios para identificar la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad a efectos de considerar la gratuidad de su trámite de DNI. A tal fin, se emplearon los datos provistos por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), cuya unidad de registro la conforman las personas identificadas de 18 años y más.

En dicho marco y en virtud de la disponibilidad de estos datos, se contempló la posibilidad de elaborar un índice que permita estimar, a nivel departamental, el grado de vulnerabilidad socioeconómica a la que se encuentra expuesta la población mencionada.

Al respecto, cabe señalar que existen distintas métricas desarrolladas a nivel nacional o provincial que buscan evaluar la realidad socioeconómica. A modo de ejemplo, se menciona el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o la línea de pobreza, los cuales se focalizan en la pobreza estructural y en la medición por ingresos, respectivamente. Asimismo, existen indicadores que congregan ambas perspectivas, como el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) que hace hincapié en la privación de bienes del hogar.

Sin embargo, la línea aquí propuesta apunta a reflejar la condición de vulnerabilidad –y no de pobreza o privación–, mediante la inclusión de dimensiones vinculadas con la situación socioeconómica de las personas reflejada en sus registros patrimoniales y sociales. Estas son: acceso a programas de protección social; acceso al sistema de salud; y capital físico.

Se propone, entonces, enfatizar en la vulnerabilidad, entendida como una situación caracterizada por la convergencia de circunstancias que aumentan la probabilidad de las personas de sufrir contingencias que disminuyan drásticamente su bienestar. Este es un concepto multidimensional que busca identificar factores que refuerzan la reproducción de procesos que deterioran el nivel de vida (Thomasz, 2018).

En este sentido, al contemplar la situación y los recursos de los que disponen los individuos para hacer frente a factores externos, la perspectiva permite evidenciar la situación de vulnerabilidad como un proceso que responde a una sinergia negativa de sus dimensiones, pudiéndose incrementar a partir de una condición de vulnerabilidad inicial que conlleva la exposición a otros factores de riesgo (Busso, 2001).

Bajo dichas consideraciones, se describe a continuación la metodología propuesta para la construcción del Índice.



Propuesta metodológica

El objetivo de la propuesta radica en caracterizar el grado de vulnerabilidad socioeconómica de la población identificada de 18 años y más, mediante la construcción de un índice que refleje –a nivel departamental– dicha condición de manera gradual. Particularmente, se propone la selección de un conjunto de indicadores que se aproximen a la medición de este aspecto mediante una metodología cuantitativa y de corte transversal.

El marco poblacional son las personas identificadas que residen en el país y poseen 18 años y más; mientras que la unidad de análisis son los departamentos correspondientes a la división político administrativa de segundo orden de la República Argentina. La fuente de información surge de labase de datos provista por el SINTyS, conformada por 28.309.044 personas vivas que residen en 527 departamentos del país.

Las dimensiones seleccionadas se escogieron contemplando estudios empíricos previos y siguiendo la literatura específica en la temática, limitándose a los aspectos factibles de observar a través de los datos disponibles.

En la construcción del Índice se ponderaron las dimensiones en función del grado de intensidad con que cada condición impacta en la vulnerabilidad (Con y otros, 2009). La ponderación, entonces, se fundamenta en términos teóricos y no en un análisis multivariado.

El Índice se compone por tres dimensiones: acceso a programas de protección social, acceso al sistema de salud, y capital físico, las cuales comprenden a su vez distintos indicadores. A continuación, se describe la operacionalización de las dimensiones y se fundamenta su ponderación:

Dimensión Ponderación Indicador
Acceso a programas de protección social 0.35 Registra Certificado de Vivienda Familiar y/o accede a al menos uno de los siguientes programas de protección social: Asignación Universal por hijo (AUH); Asignación Universal por embarazo (AUE); Monotributo social; Programa Social Monetario; Pensión no contributiva; transferencia por empleo en casas particulares.
Acceso al sistema de salud 0.35 Posee cobertura exclusiva del sistema público de salud.
Capital físico 0.30 No registra posesión de inmuebles, ni de automotores, ni de aeronaves, ni de embarcaciones.


ACCESO A PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

La operacionalización de esta dimensión contempla indicadores vinculados al acceso a programas de protección social, y a la percepción de ingresos por asignaciones familiares. Se consideran estos indicadores como proxys de situación de vulnerabilidad, debido a que los programas seleccionados tienen como población objetivo aquellas que se encuentran expuestas a condiciones de vulnerabilidad y, en tal sentido, su asignación requiere de un diagnóstico previo.

Es decir, en el caso de la AUH o la AUE, son asignaciones para la protección social a partir de las cuales los destinatarios reciben un monto mensual no retributivo. En el primer programa, el beneficio corresponde –por cada hija/o (menor de 18 años y sin límite de edad en caso de discapacidad)– a la madre o padre que viva con los menores y se encuentre desocupado, sea trabajador no registrado o sin aportes, sea trabajador del servicio doméstico, sea monotributista social o esté inscripto en programas del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a la AUE, el cobro se percibe desde las 12 semanas de gestación y hasta el nacimiento o interrupción del estado de embarazo, estando destinado a mujeres que cumplan con alguna de las condiciones requeridas por la AUH, o sean trabajadoras informales con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las mujeres en condición de acceder al beneficio, sólo pueden hacerlo si su cónyuge o conviviente se encuentra en la misma situación.

Asimismo, teniendo en cuenta que constan entre los componentes de inclusión de ambos programas, se consideran como indicadores de la dimensión: el registro en el monotributo social; el empleo doméstico en casas particulares; la percepción de pensiones no contributivas, o bien, de otros programas sociales monetarios, tal como liquidaciones de planes sociales o programas de empleo.

El Monotributo Social es un régimen tributario que promueve la inserción de emprendedoras y emprendedores en situación de vulnerabilidad, que realizan una única actividad económica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos brutos inferiores al haber previsional mínimo. La ponderación del indicador de empleo en casas particulares, por su parte, corresponde a las condiciones de precariedad y desprotección laboral que se asocian a la actividad.

Respecto a las pensiones no contributivas, se encuentran destinadas a personas que no cuentan con recursos económicos, ni trabajo formal; teniendo como objetivo tres grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad: personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral, mujeres que tengan o hayan tenido 7 hijos o más, y personas de 70 años o más sin cobertura previsional o no contributiva.

Finalmente, se contempla como indicador de vulnerabilidad la tenencia del Certificado de Vivienda Familiar. Este es un documento expedido por la ANSES, que permite acreditar que el domicilio en cuestión forma parte de un Barrio Popular (registrado en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares). Estos barrios son los que comúnmente se denominan villas, asentamientos o urbanización informal; y dado que poseen déficits en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, se entiende que habitar una vivienda en dicho contexto impacta en la calidad de vida de las personas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera que la proporción de personas que registra alguna de estas condiciones pone de relieve la situación de vulnerabilidad socioeconómica de una población.


ACCESO AL SISTEMA DE SALUD

La ponderación de esta dimensión corresponde a la cantidad relativa de personas que carecen de una cobertura de salud distinta a la del sistema público: a saber, quienes no registran prepaga, ni obra social (incluída PAMI). Esto es así, debido a que “poseer sólo cobertura sanitaria pública, conlleva en la mayoría de los casos, al acceso a la atención pero no a los medicamentos y/o demoras importantes en las prestaciones y prácticas complejas” (Minujín y Arias, 2016, p. 555). En este sentido, se entiende que la falta de acceso a un sistema de protección de la salud que no sea público, expone a las personas a factores de riesgo que podrían impactar en su condición de bienestar.


CAPITAL FÍSICO

Por último, al considerar esta dimensión, se pone énfasis en los indicadores de patrimonio que poseen las personas. Particularmente, se entiende que la tenencia de patrimonio implica contar con un capital estable (y de costo, en ciertos casos) que permite desplegar una mayor adaptación ante modificaciones del entorno y, en consecuencia, evitar una activación del proceso de empobrecimiento (Thomasz, 2018; Kaztman, 2000).

Siguiendo esta línea, se ponderan los casos que registran ausencia total de capital físico, en su forma de inmuebles, automotores, aeronaves, y embarcaciones. Sin embargo, se asigna una menor ponderación a esta dimensión en tanto se asume que, en relación a las otras dos dimensiones, posee un menor impacto en la condición de vulnerabilidad socioeconómica de la población.


Metodología

A los fines de concretar la caracterización, el Índice asigna un valor a cada departamento a partir de agregar los valores de cada dimensión. Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos previamente, la ecuación del índice resulta en la siguiente media aritmética ponderada:


IVSE = APPS ∗ 0,35 + ACSS ∗ 0.35 + CF ∗ 0,30


Donde:


Dado que las dimensiones reflejan el porcentaje de población que cumple con las condiciones estipuladas, en todos los casos poseen una variación teórica de 0 a 1. Asimismo, cabe señalar que en la dimensión de acceso a programas de protección social, la proporción representa a la población que cumple con al menos uno de los indicadores; mientras que en la de capital físico, la proporción comprende a quienes cumplen con la totalidad de los indicadores.

En lo que respecta a los intervalos propuestos para categorizar los niveles de vulnerabilidad, se calcularon los quintiles de los valores resultantes del Índice y en función de estos, se definieron 5 categorías: muy bajo (19.21; 29.71), bajo (29.72; 35.19), medio (35.20; 41.84), alto (41.85; 48.64), y muy alto (48.65; 70.69).

A su vez, a efectos de caracterizar de manera particular las dimensiones, se calcularon los quintiles de los valores porcentuales de cada una y se utilizaron las 5 categorías propuestas.

Por último, con el objetivo de ampliar el nivel de detalle en la georeferenciación y brindar mayor precisión en los grados de vulnerabilidad socioeconómica de los departamentos, se emplea en el mapa una escala de 10 colores que representan los deciles del índice. Además, en la versión interactiva, se agregan tres capas correspondientes a las dimensiones que evidencian los deciles de los valores porcentuales de cada una.



Resultados

De la aplicación del Índice resulta que el departamento que posee el valor máximo es el de Ramón Lista de la provincia de Formosa (70.68). Allí se identifican 9.197 personas mayores de 18 años o más, de las cuales: el 37.71% accede a programas de protección social, el 86.77% depende exclusivamente del sistema público de salud, y el 90.40% no posee capital físico.

En segundo y tercer lugar se encuentran el departamento de Copo, de Santiago del Estero (66.47) y el de Rivadavia, de Salta (66.34). En ambos se identifican más de 20.000 personas con edad igual o mayor a 18 años, existiendo –en cada uno– un 44% de población que accede a esquemas de seguridad social, y un porcentaje mayor al 75% que no posee cobertura de salud.

El valor mínimo, por otra parte, corresponde a la Comuna 111 de la Ciudad de Buenos Aires (19.01), en la que se registran 116.064 personas de 18 años o más. Entre ellas, sólo el 4% es beneficiaria de programas sociales, en tanto que el 19% depende del sistema público de salud y el 37% carece de capital físico. Los valores mínimos posteriores también corresponden a esta jurisdicción, tratándose de la Comuna 132 (19.45) y de la Comuna 123 (19.69), que registran porcentajes similares a la Comuna 11 en las tres dimensiones.

Estos resultados, a su vez, son consistentes con lo que se observa al indagar la distribución relativa de los departamentos, conforme los niveles de vulnerabilidad al interior de las provincias (ver Gráfico 1).


Gráfico 1. Distribución porcentual de departamentos, por provincia y nivel de vulnerabilidad socioeconómica. Departamentos correspondientes a la división político administrativa de segundo orden de la República Argentina.

De los valores expuestos, surge que la Ciudad de Buenos Aires no registra comunas que se encuentren en situación crítica; mientras que, en el caso de Formosa, ninguno de los departamentos asume nivel bajo o muy bajo de vulnerabilidad socioeconómica. En similar situación se encuentran las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca, todas las cuales poseen más del 50% de sus unidades afectadas por condiciones críticas de calidad de vida. A su vez, se destaca el caso de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. En la primera provincia, todos los departamentos asumen bajo o muy bajo grado de vulnerabilidad; en tanto que en la segunda, el 66.6% obtiene dichos niveles.

Por otro lado, resulta relevante indagar los datos obtenidos en cada una de las dimensiones. A efectos de facilitar su análisis, se presenta en el Gráfico 2 el porcentaje de departamentos que asumen muy alto nivel de vulnerabilidad en las dimensiones, según las regiones estadísticas definidas por INDEC4.


Gráfico 2. Porcentaje de departamentos con muy alto nivel de vulnerabilidad en las distintas dimensiones, por regiones estadísticas. Departamentos correspondientes a la división político administrativa de segundo orden de la República Argentina.


Distribución geográfica de la vulnerabilidad socioeconómica

A los fines de contextualizar geográficamente la distribución de la población según el grado de vulnerabilidad socioeconómica, se presenta seguidamente el mapa a nivel departamental.


Figura 1. República Argentina. Vulnerabilidad socioeconómica, por departamentos. Departamentos correspondientes a la división político administrativa de segundo orden de la República Argentina.

Fuente: Dirección Nacional de Población en base a datos provistos por el SINTyS (2021).


En líneas generales, la Figura 1 evidencia que el 10% de los departamentos más vulnerables se encuentran en Formosa, Chaco y Santiago del Estero. No obstante, en Misiones y Corrientes también se registran parte de los departamentos con crítico nivel de vulnerabilidad, lo que daría cuenta que la región más afectada del país –en términos socioeconómicos– es la del Noreste.

Respecto a la región del Noroeste, además de Santiago del Estero, se identifican departamentos altamente vulnerables en Catamarca, Jujuy y Salta. En La Rioja, sin embargo, se observa que las unidades departamentales asumen niveles intermedios de vulnerabilidad: si bien uno de los departamentos se ubica en el noveno decil, el 55% se encuentra entre el 70% menos vulnerable.

En la región de Cuyo, por otra parte, los departamentos con mayor nivel de vulnerabilidad se localizan predominantemente en San Juan y San Luis, ubicándose en esta última provincia el departamento con el índice más alto de la región: Libertador General San Martín. En Mendoza, la mayoría de los departamentos se ubican entre el 50% que registra menor vulnerabilidad.

Asimismo, conviene destacar el caso del Gran Buenos Aires, puesto que concentra departamentos que se ubican tanto entre el 30% menos vulnerable, como entre el 30% con mayor vulnerabilidad. Las unidades que registran mejor situación socioeconómica se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, y es en el conurbano bonaerense donde se localizan las que asumen valores más altos en el Índice. Presidente Perón, puntualmente, es el único departamento de la región que se ubica entre el 10% más vulnerable del país.

La región Pampeana evidencia situaciones semejantes en lo que concierne a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, cuyos departamentos poseen –en su mayoría– niveles bajos o medios de vulnerabilidad. Por el contrario, en el caso de Entre Ríos, el departamento con el Índice más bajo se ubica en el tercer decil, y el 30% de las unidades departamentales asumen valores que las ubican entre el séptimo y noveno decil.

Finalmente, la Patagonia y la región Pampeana son las que poseen menor porcentaje de departamentos con alto grado de vulnerabilidad. A excepción de Río Negro y Neuquén, en el resto de las provincias la mayor parte de las unidades departamentales se ubican entre el primer y el cuarto decil.


Índice de vulnerabilidad socioeconómica en relación a la condición de NBI

Llegado a este punto, es preciso evaluar los resultados del Índice en relación a otra métrica validada. Se toma, entonces, el índice de NBI según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010 en Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2014).

Al hacer énfasis en las provincias con mayor porcentaje de personas con NBI, se observan coincidencias en lo que respecta a Santiago del Estero, Chaco y Formosa (19.71-25.25%), todas las cuales poseen más del 75% de sus departamentos en situación crítica de vulnerabilidad. Entre estas provincias también se encuentra Salta, la cual obtiene en el índice mayoría de unidades departamentales con alta y muy alta vulnerabilidad.

Al interior de estas provincias, además, se aprecian coincidencias en los departamentos identificados como altamente vulnerables. Ramón Lista es uno de los que mayor porcentaje de hogares con NBI posee en Formosa (41.43-68.24%), al igual que Rivadavia (30.16-49.07%) en Salta y Copo (30.63-36.98%) en Santiago del Estero.

Asimismo, se observa que las demás jurisdicciones que registraron altos porcentajes de población con NBI (12.44-19.71%), poseen una mayoría de departamentos que asumen valores altos o muy altos en el índice. Este es la situación de Corrientes, Misiones, Tucumán, Jujuy, Catamarca, San Juan y La Rioja. El caso de Tierra del Fuego es particular, debido a la modificación de unidades departamentales que tuvo lugar en el año 2017.

Respecto a las provincias en las que se identifica mayor cantidad de departamentos con bajo o muy bajo nivel de vulnerabilidad, se observa que los cinco casos registraron valores bajos en la proporción de población con NBI. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa obtuvieron el rango inferior (5.73-8.72%), mientras que Buenos Aires, Santa Fe y Chubut el rango subsiguiente (8.72-12.44%).

De igual modo, se aprecian claras coincidencias al evaluar la correspondencia de los índices al interior de estas provincias. Tal es el caso de las Comunas 11, 12 y 13, en Ciudad de Buenos Aires; Quemú Quemú, en La Pampa, o Magallanes, en Santa Cruz; todas las cuales registran los menores valores de las jurisdicciones en la proporción de población con NBI.



Principales resultados

Finalmente, a la luz del análisis propuesto, se destacan algunos de los resultados alcanzados mediante la aplicación del índice:



Referencias


  1. La Comuna 11 integra los barrios de Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.
  2. La Comuna 13 comprende los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales.
  3. La Comuna 12 integra los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.
  4. Se excluye a la Región Antártica por su densidad poblacional.